De respaldo político a crisis internacional: el caso Rocha Moya escala a nivel binacional.
*** La imputación formal en Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya reaviva cuestionamientos sobre narcopolítica y coloca al gobierno federal ante una presión diplomática creciente.
Ciudad de México. – Lo que en 2024 fue defendido como una ofensiva política contra la llamada Cuarta Transformación, hoy se ha convertido en un conflicto de dimensión internacional. La imputación formal en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha colocado nuevamente bajo presión al gobierno federal y revive el debate sobre la relación entre poder político y crimen organizado.
Desde 2024, la entonces candidata presidencial y hoy presidenta Claudia Sheinbaum respaldó públicamente a Rocha Moya, asegurando que seguiría apoyándolo y que creía en su inocencia, incluso cuando ya circulaban señalamientos sobre presuntos vínculos con Ismael “El Mayo” Zambada. En aquel momento, Morena calificó el tema como parte de una campaña de desgaste político.
Sin embargo, el 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó una imputación en su contra por presunta conspiración con “Los Chapitos” para el tráfico de drogas. La investigación también involucra al senador Enrique Inzunza Cazárez, al alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil y a exfuncionarios estatales, bajo sospechas de posible financiamiento ilícito de campañas políticas con recursos del crimen organizado.
Mientras en territorio estadounidense avanzan las acciones judiciales, en México la respuesta ha tenido un tono más político que ministerial. La Secretaría de Relaciones Exteriores cuestionó la solicitud de extradición argumentando falta de pruebas, incluso antes de una revisión formal por parte de la Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy Ramos, cuya determinación será clave para definir si el proceso avanza o se detiene.
Rocha Moya ha rechazado todas las acusaciones y sostiene que se trata de un ataque dirigido contra la Cuarta Transformación y la soberanía nacional. Morena mantiene su respaldo, mientras la oposición ha endurecido su discurso y coloca el caso como ejemplo de una presunta narcopolítica enquistada en el poder.
El tema también fortalece la narrativa del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha insistido en que México enfrenta una profunda infiltración del crimen organizado en sus estructuras institucionales. Con los cárteles catalogados como organizaciones terroristas y una relación bilateral cada vez más tensa, el conflicto rebasa lo judicial y entra de lleno al terreno diplomático.
La pregunta que ahora domina el escenario político es hasta dónde llegará el respaldo institucional cuando existen acusaciones formales en una corte extranjera. Si el caso escala, sus efectos podrían alcanzar no solo a un gobernador, sino a toda una estructura de poder político.
Señalan posible solicitud de extradición contra gobernador de Sinaloa.
