La reforma del agua que desata bloqueos en México.
*** Una reforma que busca frenar abusos en el uso del agua terminó encendiendo protestas en buena parte del país.
*** Campesinos advierten que la iniciativa podría dejarlos sin derechos, sin certidumbre y, en algunos casos, sin futuro.
Créditos de la imagen: Debate
Ciudad de México. – La propuesta de reforma a la Ley General de Aguas, impulsada por el Gobierno federal y defendida por la presidenta Claudia Sheinbaum, mantiene cerrados tramos carreteros en distintos estados. El proyecto plantea que el Estado recupere el control sobre el recurso hídrico, después de tres décadas en las que la compraventa de concesiones entre particulares derivó -según datos oficiales- en un mercado negro donde unos cuantos concentran casi una cuarta parte del agua concesionada.
El plan gubernamental endurece regulaciones: prohíbe la venta de títulos entre privados, centraliza todos los trámites en CONAGUA y crea nuevos delitos hídricos con penas de hasta 12 años de cárcel y multas millonarias para quien perfore pozos clandestinos, desvíe cauces o trafique con concesiones.
Pero mientras el Gobierno defiende el orden, en el campo se multiplican las alertas. Productores aseguran que la iniciativa “no distingue” entre acaparadores y pequeños usuarios. Afirman que un agricultor que rebase su volumen asignado podría ir a prisión, y que las multas -que van desde 30 mil hasta 7 millones de pesos- son impagables para quienes trabajan parcelas familiares.
Uno de los puntos que más molestia provoca es la pérdida de certeza patrimonial. Con la reforma, las concesiones no podrían heredarse ni venderse con la tierra: al vencer, regresarían automáticamente a CONAGUA, obligando a los sucesores a iniciar trámites sin garantía de obtenerlas. Según campesinos, esto desploma el valor de los predios y pone en riesgo la continuidad de muchas unidades productivas.
El proyecto también coloca bajo control federal prácticamente toda extracción o uso del agua, incluso la captación pluvial, lo que ha despertado temores sobre burocracia, rezagos y posibles prácticas discrecionales. Productores recuerdan que la dependencia arrastra cientos de miles de trámites pendientes y un presupuesto reducido.
La tensión crece porque el campo utiliza el 76 % del agua nacional y sostiene la producción de alimentos. Agricultores señalan que la reforma podría limitar prácticas tradicionales como la rotación de cultivos, interpretada en el texto como “cambio de uso de agua”, lo que frenaría inversiones y afectaría la seguridad alimentaria.
A pesar de que el Gobierno insiste en que la reforma va dirigida “contra los grandes acaparadores”, las dudas se han extendido incluso dentro de Morena. El senador Ricardo Monreal reconoció que los productores “tienen razón” en varios puntos, mientras que Alfonso Ramírez Cuéllar advirtió que nada debería aprobarse sin consenso total.
La disputa revela una paradoja: entre el derecho humano al agua y la necesidad de producir alimentos, el país sigue atrapado entre la sequía, la desconfianza y una reforma que, para el Gobierno, busca poner orden, pero que en el campo se percibe como un golpe que podría dejarlos sin agua… y sin tierra.
Campesinos bloquean la Autopista del Sol… y regalan guayabas, cocos y pepinos a automovilistas.
