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El tema constante: la seguridad.

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Han pasado dos meses del caso de Paula Josette, no hay responsables porque las personas sujetas a investigación salieron bajo fianza, la madre no pudo ver el cuerpo de su hija y la fiscalía no ha asumido la responsabilidad de los hechos ni ha brindado respuestas. Esta situación es la misma que se vive no sólo en Sonora, sino también Veracruz, Puebla, Guerrero, Oaxaca y múltiples entidades, donde los organismos que deberían brindar seguridad son los primeros en alentar los procesos, perder expedientes e incluso proteger a los criminales.

Con panoramas como el anterior era imposible dar seguimiento a una estrategia de pacificación, pues sólo aceleraba la impunidad y corrupción que se vive en distintos organismos públicos del país, de ahí que actualmente la oposición meta el dedo en la llaga y aproveche para colgarse de esta preocupación latente en el país. No obstante, no basta con discursos, es aquí donde hemos de analizar la profundidad de las propuestas en todos los niveles.

Resulta irreal confiar en propuestas de quienes han sido partícipes de estos mismos procesos que fomentan la corrupción y la impunidad, hemos de prestar atención a los vínculos que hay detrás, los compromisos adquiridos que impiden progreso e incluso ¿qué decisiones han tomado aquellos que han tenido previamente otros cargos?, si el desempeño en sus comunidades y niveles locales no ha sido el más óptimo ¿por qué les daríamos el espacio para seguir escalando? El próximo 2 de junio de nada sirven las promesas si en los hechos no han sido personas que muestren un verdadero compromiso con la seguridad.

¿Qué sigue después del 8M?