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Detienen a Ernesto Ruffo por presunto contrabando de combustible; lo investigan por delincuencia organizada.

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*** El exgobernador de Baja California fue capturado en Ensenada y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Tijuana. La investigación lo relaciona con una presunta red de contrabando de hidrocarburos.

Tijuana, B.C. – El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) en el municipio de Ensenada, en cumplimiento de una orden de aprehensión por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.

Tras su captura, el exmandatario fue trasladado a las instalaciones de la FGR en la Zona Río de Tijuana, donde quedó a disposición del Ministerio Público Federal para continuar con el proceso judicial.

De acuerdo con la Fiscalía, la investigación forma parte de un caso de alta complejidad relacionado con operaciones de presunto contrabando de hidrocarburos realizadas a través de una empresa en la que Ruffo Appel figura como socio. De manera extraoficial, el expediente ha sido vinculado con el denominado “huachicol fiscal”, aunque las autoridades federales no han revelado mayores detalles sobre la indagatoria.

El caso cobró relevancia luego del aseguramiento, en julio de 2025, de más de 15 millones de litros de combustible transportados en 129 carrotanques en Coahuila, considerado uno de los decomisos más importantes registrados en el país. Posteriormente, el Gobierno Federal informó que investigaba a varias empresas presuntamente relacionadas con esa red, entre ellas Ingemar, firma en la que aparece como socio el exgobernador, junto con otros empresarios.

Ruffo Appel, quien fue el primer gobernador de oposición en Baja California bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN), había manifestado recientemente su participación como ciudadano en el movimiento Somos México, aunque aseguró que no buscaría competir por un cargo de elección popular.

La situación jurídica del exgobernador será determinada por la autoridad judicial conforme avance el proceso, mientras la FGR continúa con las investigaciones para esclarecer su presunta participación en los hechos que se le atribuyen.

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