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DESCONFIANZA SOBRE LAS BASES DE UNA REFORMA AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

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Esta es una de las razones principales de las funciones y atribuciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como es la defensa de los ciudadanos ante arbitrariedades de los otros poderes de la Unión. Un juez, un magistrado y un ministro de la Suprema Corte, si llegan a ocupar un puesto en el esquema de aplicación de las Leyes Constitucionales, es por sus conocimientos, disciplina laboral, eficiencia y vocación.

López Obrador emitió sus 20 propuestas de Ley para que el Congreso las analizara y aprobara, como si fuera un dictado para el siguiente sexenio.

En uno de los foros judiciales que se realizan en diferentes estados de la República (transmitido por TV desde la ciudad de Saltillo, Coahuila, participó un diputado –que en los próximos meses se convertirá en senador—de nombre Eduardo Fernández Noroña, de lo más arrastrado que haya conocido, adoptó una postura idéntica a lo que quiere el señor López Obrador.

Para nada se refirió a la necesidad de que los ministros, magistrados y jueces, estén debidamente preparados, razón por la cual no pueden ser votados, como ocurre con los legisladores. Para llegar a estos puestos, deben tener una experiencia jurídica de entre 15 y 20 años.

No se trata de que personajes como Fernández Noroña, tuviera que “tirarse al piso” en eventos específicos ante el Presidente de la República, para “ganar” notoriedad, en sus tiempos en que se decía dirigente de una organización que se llamaba “Asociación de Deudores de la Banca”. Ahora es flamante legislador del Congreso de la Unión, y “merolico” en distintos foros.

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