Demandan justicia para víctimas de la tragedia de ANAVERSA en Veracruz, accidente del neoliberalismo.
*** Proponen declarar el 3 de mayo como Día Nacional de Prevención de los Desastres por la mayor tragedia química en el país.
CDMX. – La senadora Laura Itzel Castillo Juárez encabezó el llamado de justicia que hicieron víctimas, luchadores sociales y académicos, a 34 años de la tragedia en Córdoba, Veracruz, ocasionada por diversas explosiones de la empresa ANAVERSA, cuyas emisiones tóxicas generaron graves daños y secuelas en las personas y el medio ambiente.
Durante el conversatorio realizado en el Senado titulado: “Caso ANAVERSA, Justicia de un crimen neoliberal”, la presidenta de la Comisión de Energía dijo que se darán pasos firmes al respecto a través de una iniciativa de ley para que el 3 de mayo sea considerado el Día Nacional de Prevención de los Desastres Químicos.
Además de que impulsará un punto de acuerdo para dar a conocer y reconocer que el 3 de mayo de 1991 en la ciudad de Córdoba, Veracruz, ocurrió el mayor desastre químico de la historia de nuestro país, cuando la empresa Agricultura Nacional de Veracruz S. A. (ANAVERSA), dedicada a la formulación de plaguicidas y almacenamiento de agroquímicos, liberó una gran cantidad de sustancias tóxicas, debido a un incendio seguido por explosiones.
También anunció que se impulsará la construcción de un Hospital General Regional y un Centro de Atención Oncológico en Córdoba.
Refirió que de acuerdo con estudios se liberaron dioxinas, furanos y otros compuestos altamente peligrosos para la salud y el medio ambiente. Los primeros afectados fueron los pobladores de la entidad, guarderías, cinco mil trabajadores de la planta y los bomberos que acudieron en primera instancia para atender la emergencia, sin equipo adecuado.
Laura Itzel Castillo mencionó que a pesar de que las personas afectadas fueron muchas, las autoridades de aquel entonces ocultaron lo sucedido y que Patricio Chirinos Calero, que estaba al frente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, dio las autorizaciones para que la planta funcionara.
Mientras que Jesús Kumate Rodríguez, a cargo de la Secretaría de Salud, no informó lo que sucedía, y Mireille Roccatti, como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitió recomendaciones que años más tarde dio por cumplidas, “sin que se hubiera apegado a la realidad o que apoyara a los afectados”, asentó la senadora.
