Procedente, dictamen en materia de infraestructura pública.
*** Avalan comisiones actualizaciones a distintos ordenamientos estatales, a propuesta del diputado Alejandro Porras Marín.
Xalapa, Ver. – Las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado, de Comunicaciones y de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal de la LXVII Legislatura del Congreso de Veracruz suscribieron el dictamen que actualiza distintos ordenamientos en materia de infraestructura pública, al considerar procedente su contenido.
El Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Número 58 Orgánica del Poder Ejecutivo, del Código Número 14 de Procedimientos Administrativos, del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2025 del gobierno, y de la Ley Número 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, todos del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave deriva de la iniciativa presentada por el diputado Alejandro Porras Marín en la Decimoséptima Sesión Ordinaria, el pasado 23 de enero.
Dichas modificaciones sustancialmente atienden a derogar y modificar disposiciones que contravienen, difieren o sobrerregulan lo dispuesto en la nueva Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas; reafirmar y dejar en claro que las obras públicas y los servicios relacionados con ellas únicamente serán ejecutadas por la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIP) y establecer que las dependencias y entidades distintas de ésta elaborarán y le presentarán los proyectos y presupuestos de las obras para que las sancione y ejecute.
Además, establecen lo concerniente a definir que las dependencias y entidades que ya no ejecutarán obra tendrán un plazo de 180 días naturales para realizar los ajustes o modificaciones a su normatividad y a reformar el Artículo 64 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2025, en relación con los rangos de adjudicación por montos en los procedimientos de contratación en materia de obra pública dispuesto por el Comité previsto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas, tratándose del Poder Ejecutivo del Estado.
