Avanza con lentitud el registro de líneas móviles con CURP.
Ciudad de México. – A un mes de haberse puesto en marcha el registro obligatorio de líneas móviles con la Clave Única de Registro de Población (CURP), el avance reportado por el gobierno federal dista de ser masivo. De acuerdo con cifras oficiales difundidas, apenas el 4.85% de las líneas de prepago -de un estimado de 134 millones- han sido vinculadas, lo que implica que más de 127 millones de usuarios no han realizado el trámite.
En un país con alrededor de 158 millones de líneas activas, la respuesta ha sido limitada frente a una medida que el Ejecutivo federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha defendido como un instrumento para combatir delitos como la extorsión.
Desde el gobierno se ha insistido en que el padrón no tiene fines de vigilancia, sino de seguridad. No obstante, juristas y especialistas en protección de datos han señalado que el marco legal vigente permite, en ciertos supuestos, que autoridades soliciten información a compañías telefónicas sin orden judicial, lo que ha generado inquietudes sobre el alcance real de la medida.
La discusión se desarrolla en un contexto marcado por antecedentes sensibles. En 2009 se implementó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT), cuya base de datos terminó filtrada sin que se acreditara una disminución significativa en delitos de extorsión. Más recientemente, el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) fue invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al considerar que vulneraba derechos fundamentales.
A ello se suman reportes recientes sobre presuntos hackeos a bases de datos de instituciones federales y advertencias de organismos internacionales que ubican a México entre los países con mayores intentos de ciberataques en la región. En paralelo, también han circulado denuncias sobre la venta de chips pre-registrados con datos falsos en el mercado informal.
Mientras el gobierno mantiene su llamado a cumplir con el registro, el bajo nivel de participación refleja un escenario en el que la discusión no solo gira en torno a la seguridad pública, sino también a la protección de datos personales y a la confianza institucional en el manejo de la información de millones de usuarios.
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