El problema está en la corrupción, no en los organismos.
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El cáncer más grande de nuestro país es la corrupción, durante décadas se ha prometido combatirla, sin embargo no ha sido posible porque la corrupción se extiende hasta los organismos que la combaten, en medio de este panorama surgieron organismos autónomos que buscaban regular la información, los monopolios, el libre comercio, etc. y brindar a México garantías de equilibrio entre el poder político, económico y social.
Actualmente lo anterior no será del todo posible pues en un intento de tener una mayor regulación de las acciones de estos organismos, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular una reforma para desaparecer siete organismos autónomos: INAI (Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
A simple vista podríamos pensar que la desaparición de estos organismos, la creación de uno descentralizado que no sea autónomo que sustituya las funciones de COFECE para los fines del Tratado de Libre Comercio, pueden representar un gran ahorro y que se dan pasos para dejar de servir al neoliberalismo como declararon los diputados que aprobaron estas propuestas. Sin embargo, en realidad es un retroceso pues si bien todos los organismos autónomos requerían de cambios urgentes por la misma corrupción, la solución no es volver a centrar todo a manos del poder ejecutivo.
El problema más grande de los organismos son las personas que han accedido a ellos, quienes terminan cargando viajes personales y gastos onerosos, como fue el caso de Adrián Alcalá, actual comisionado presidente del INAI. Sin embargo, los organismos por sí mismos cumplían una gran función: ser un punto de equilibrio. Por ejemplo, gracias al INAI, periodistas tuvieron acceso a datos que les permitieron transparentar investigaciones profundas de corrupción como la casa blanca, Odebrecht y la Estafa Maestra, entre otros.
Al menos respecto a este organismo en particular (INAI), hablar del gasto presupuestal que representa como excusa para su desaparición resulta inverosímil, pues su existencia permitió dar seguimiento a casos donde se hubieran recuperado millones. Nuevamente lo que impidió recuperar este dinero fue la labor de la Fiscalía General de la República.
